Cara y cruz de la reforma laboral
El Gobierno acaba de aprobar su reforma laboral, con polémica incluida por el voto de un diputado del PP. La reforma tiene menos calado del que el Ejecutivo había propuesto inicialmente. Probablemente, esto es lo mejor de esa reforma, que, al final, no se ha producido la derogación de la que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Y es que aquella vuelta de tuerca a la regulación del mercado de trabajo permitió incrementar la productividad de las empresas y asegurar su competitividad, dos elementos de suma importancia para superar la crisis de la burbuja inmobiliaria y sobrevivir en el mundo de la globalización. Además, esa reforma contribuyó de forma muy importante al crecimiento del empleo. Puede que los trabajos no fueran los mejores pagados, pero gracias a ello la tasa de paro pudo descender desde el 26% hasta el 13% de la población activa.
Aquella reforma, no obstante, tenía algunos aspectos que convenía mejorar. Uno de ellos, el principal de la reforma que acaba de aprobar el Gobierno, era el de la excesiva temporalidad de la contratación. En España, aproximadamente el 90% de contratos laborales que se firman todos los meses son temporales, según los datos del paro registrado. Esto supone un doble problema para la economía española. Por un lado, las empresas, en muchos casos, no pueden contar con trabajadores debidamente cualificados puesto que las altas tasas de temporalidad reducen los incentivos para invertir en su formación. Por otro, a las personas les cuesta más poder planear un proyecto de vida si carecen de un puesto de trabajo estable. Además, el empleo temporal suele estar peor retribuido que el indefinido. Todo ello va en contra del buen funcionamiento de la economía.
La nueva reforma laboral aborda esta cuestión cuando pretende que el contrato indefinido sea la norma, y no la excepción, como venía sucediendo hasta ahora. Para ello, reduce el periodo en el que se pueden encadenar contratos temporales antes de que el trabajador pase a ser considerado indefinido. Además, reserva la contratación temporal para los contratos de formación y los contratos estructurales, esto es, los contratos de obra y servicio determinado. Más allá de estas situaciones, no se podrá utilizar el contrato temporal.
La cuestión es si con esta fórmula se va a resolver el problema. La causa principal de los altos niveles de temporalidad en España ha sido siempre los altos costes del despido. Debido a ello, las empresas, en general, han preferido optar por la contratación temporal porque les dotaba de una mayor flexibilidad a la hora de adaptar su plantilla a las circunstancias cambiantes de la economía. Para facilitar la contratación indefinida, la reforma de 2012 redujo el coste del despido objetivo a 20 días por año trabajado, desde los 33 anteriores. Para los despidos improcedentes, se bajó de 45 días a 33, con un máximo de 24 mensualidades en vez de 42. También eliminó los salarios de tramitación.
No obstante, los organismos internacionales, como la OCDE o la Comisión Europea, estiman que el coste del despido en España está entre los más elevados de entre los países industrializados. Pese a ello, los sindicatos y una parte de los socios del Gobierno querían derogar estos puntos de la reforma laboral de Rajoy. La que ha sacado adelante el Ejecutivo no lo ha hecho porque, de haber dado marcha atrás, hubiera afectado negativamente a la creación de empleo, cuando España todavía tiene que recuperar los niveles de ocupación previos no solo a la crisis del Covid-19, sino al estallido de la burbuja inmobiliaria, y debe hacerlo mediante la creación de empleo en el sector privado, que es donde se genera riqueza, no en el sector público, que es el único en el que está aumentando la ocupación, según los datos del INE.
El problema principal que tiene la nueva reforma laboral es la recuperación del convenio sectorial frente al de empresa, como demandaban los sindicatos porque es el que les da poder. Sin embargo, la negociación sectorial, al alejarse de la realidad de la empresa, acaba provocando subidas salariales por encima de las que pueden permitirse muchas empresas, porque no todas las compañías del mismo sector son igual de competitivas o se encuentran en la misma situación. De hecho, una de las causas de la anterior crisis económica fue que, como resultado de la negociación colectiva sectorial, los costes laborales en España crecieron a una tasa media del 4% anual entre 1997 y 2007, frente a un crecimiento nulo de la productividad. En consecuencia, durante aquel periodo la inflación española estuvo todos los años sistemáticamente un punto o más por encima de la media de la Eurozona, lo que deterioró nuestra competitividad. Por ello, la Unión Europa, a través del Pacto del Euro Plus, pidió que la evolución de los costes laborales se vinculase con la de la productividad. La cuestión ahora es si con esta nueva reforma en España eso va a ser posible.