Cuestiones abiertas sobre la gestión sanitaria en España durante la Covid19

En cooperación internacional y en términos de ayuda al desarrollo, los pilares fundamentales que trabaja cualquier organización no gubernamental se cimientan en la salud en primer término, y seguidamente en la educación. Ambos en un sentido amplio: provisión de servicios como ayuda sanitaria, basada en la contratación de profesionales médicos y de enfermería, además de asegurar el acceso al agua potable y a un sistema adecuado de saneamiento; la educación engloba aspectos que van desde la alfabetización hasta la provisión de becas de estudio para alumnos destacados.

Ambos pilares son el soporte fundamental en cualquier sociedad, y son los que, desde las ONGD implementamos desde hace tiempo en países menos afortunados que el nuestro en lo económico. Cuando en una comunidad hemos conseguido estos dos objetivos primarios, pasamos a otros, como el fortalecimiento de la economía local y la creación de redes que comuniquen diversos proyectos, hasta que alcanzan la independencia de los donantes.

En la España de las Autonomías, las diversas Comunidades fueron asimilando las competencias en educación y sanidad progresivamente, de tal manera que no hay políticas comunes en muchos aspectos que son vitales, tales como el acceso a tratamientos oncológicos, puesto de manifiesto en diversas ocasiones por las sociedades científicas correspondientes. Así todo, y pese a la denuncia, la pertinaz inequidad pone por delante los diversos intereses políticos, frente a la seguridad del paciente o a la posibilidad de acceso al mejor tratamiento del cáncer.

La Covid19 no debería habernos pillados desprevenidos. Era el mes de enero cuando ya se escucharon las advertencias de la OMS acerca de la enfermedad y la necesidad de una preparación previa a todos los niveles para enfrentarse a un nuevo tipo de neumonía viral, producida por un nuevo tipo de coronavirus, además de la declaración del máximo nivel de alarma internacional en materia de Salud Pública. Tal y como en otras ocasiones había ocurrido con otras pandemias, como la Gripe A provocada por el virus H1N1 entre los años 2009-10, el nivel de prevención era clave para evitar, tanto la propagación, como el posible colapso del sistema sanitario.

Muchos creemos que es necesario poner en evidencia las deficiencias del sistema o de los procedimientos de recogida de datos: no es ya una cuestión política (que atañe en responsabilidad compartida a quienes gobiernan en estado y autonomías) sino de seguridad y de salud pública. Un grupo de expertos en Salud Comunitaria ha insistido de forma reiterada, por una parte, en la desigual forma de encarar la pandemia. Aquí se pone de manifiesto la necesidad de coordinar una política conjunta en salud y prevención para todo el territorio nacional, como han hecho el resto de los países de nuestro entorno, incluso los que, como Portugal o Grecia, tienen una menor capacidad sanitaria e inversión en el sistema de salud. Por otra parte, se ha denunciado la falta de material, protocolos unificados, test diagnósticos, y la imposibilidad de hacer real el cuidado a la población por parte de las autoridades.

Los datos y la información deben servir para poder atender mejor las necesidades que en una pandemia son tan cambiantes: debemos manifestar una postura clara hacia la transparencia, veracidad, coherencia en el acceso a esos datos.

Hemos de alabar el buen hacer de los profesionales que, desde los servicios públicos y el sector privado, tanto de sanidad, como seguridad, comercio y servicios, han demostrado en estos meses, y continúan haciéndolo. La población, en su mayor parte responsable y comprometida con la situación, ha respondido a las medidas sobre prevención y protocolos de distanciamiento social. También hemos de considerar dentro del comportamiento social, cuestiones culturales, relacionales y estacionales, donde factores como el verano y el ansia de libertad, y después del confinamiento de varios meses de duración, han propiciado la permanencia de la pandemia. Se han ido enviando mensajes equívocos sobre la vuelta a una normalidad, mal llamada nueva, que no había acabado con la pandemia, y donde los brotes esporádicos seguían aumentando progresivamente, hasta la llegada de la segunda ola.

Volviendo a los datos, los firmantes de la conocida carta a Lancet sobre la petición de una auditoría independiente que aclarase la gestión de la pandemia, dirigida tanto desde gobierno central como autonómicos, estaban cargados de razones para pedir la evaluación de todas las acciones llevadas en materia de salud. Principalmente con la idea de implementar medidas de mejora.

En estos últimos días de octubre y primeros de noviembre vivimos una guerra de cifras acerca de incidencia total, incidencia acumulada y reporte de casos, así como de pruebas realizadas. De hecho, contemplamos con cierto estupor la congelación del reporte de nuevos casos en algunas autonomías. También, a la vez contemplamos cómo prensa y otros medios de comunicación centran sus esfuerzos en ofrecer información sobre determinadas Comunidades Autónomas y su criticable gestión de la crisis, obviando el resto y sus situaciones particulares, en ocasiones con peores datos en cuanto a infectados, ingresados, o, por desgracia, fallecimientos. Esta no es cuestión baladí, puesto que detrás de cada uno de esos números hay personas y familias que pierden a sus seres queridos.

Lo que llamamos en epidemiología cifras consolidadas son las pruebas positivas que van cerrando un número definitivo de diagnósticos, y no sospecha de diagnóstico. De hecho, en el mes de marzo, sin hacer pruebas masivas de laboratorio, los diagnósticos puramente clínicos no se han contado debidamente, o lo han hecho de manera desigual en cada comunidad (al igual que las muertes en residencias). Sumamos a esto la discusión abierta entre gestores y políticos, frente a profesionales de primera línea: los primeros afirman que camas de cuidados intensivos son todas las que tengan provistas monitorización y un respirador, mientras los segundos discrepan abiertamente. Podemos afirmar con rotundidad que es mejor no ser atendido en una cama colocada en la unidad de reanimación, quirófano, o en el gimnasio o biblioteca del hospital cuidado por personal sin experiencia o formación específica en esa atención especializada e implementada con material de fortuna.

Se acercan días de celebración tradicional de duelo en nuestro país: tal y como se han ido adaptando algunos ritos funerarios en los países Africanos del Golfo de Guinea durante y después del Ébola, toca ajustarse a esta situación.

Para finalizar la reflexión: las hospitalizaciones aumentan, pero el número de los pacientes en estado crítico lo hace mucho más lentamente. ¿Sostenible? A corto plazo. El tiempo medio de estancia en una UCI sobrepasa las tres semanas y ahí el sistema colapsa. La prevención en la transmisión de la enfermedad es clave, como clave es la educación de la población. La educación para la salud es la herramienta que disponemos para trabajar en ese sentido, pues se convierte en un instrumento que favorece la libertad, en todos los sentidos. Y tanto en educación, como en sanidad, hay que invertir, para el beneficio de todos, de una forma global, independiente de vaivenes políticos o de posibles crisis.