Inflación, un serio revés para la recuperación
La recuperación económica y del empleo puede verse eclipsada por el aumento de la inflación. Desde comienzos de año, el ritmo de incremento de los precios se ha acelerado. Este hecho puede tener consecuencias negativas para la economía.
La inflación de la Eurozona se situó en agosto en el 3% interanual, cuando el objetivo del Banco Central Europeo es una tasa ligeramente superior al 2%. En España, llegó hasta el 3,3%. Las previsiones apuntan a que se va a acelerar aún más en los próximos meses, a causa de los precios de la energía, del rebote económico tras el parón provocado por el Covid-19, del fuerte crecimiento de los costes de transporte marítimo de mercancías y de los cuellos de botella en las cadenas globales de suministros.
Los más optimistas consideran que este rebrote de la inflación es temporal y que remitirá el año que viene. Pero bajo esta perspectiva subyace la idea de que los agentes económicos no van a reaccionar ante la escalada de precios, ni el Banco Central Europeo va a variar su estrategia de política monetaria. Ambos supuestos distan mucho de estar garantizados.
El primer problema es la adaptación de las rentas a la evolución de los precios. La inflación supone una pérdida de poder adquisitivo, especialmente importante en el caso de los hogares españoles como consecuencia del drástico encarecimiento que viene experimentando la factura de la luz. Si se pretende compensar ese deterioro con subidas salariales que no estén justificadas por ganancias en la productividad pasarán dos cosas. Por un lado, se encarecerá el coste del trabajo, con lo que las empresas contratarán menos gente, lo que frenará la recuperación de la economía y del empleo. Por otro, si las empresas se ven obligadas a subir sueldos y trasladar esa subida a sus precios, perderán competitividad y se generará más inflación.
En este contexto, sería necesario llevar a cabo una política de moderación salarial, al menos durante uno o dos años. El problema es que la insistencia del Gobierno en subir este año el salario mínimo interprofesional, en contra de lo que dicen las empresas, supone un incentivo para que se reclamen también subidas salariales en la negociación colectiva, con los problemas que ello conllevaría. Pero, por otro lado, si no hay subidas salariales, los hogares perderán poder adquisitivo con lo que el consumo, que supone dos terceras partes del PIB, se frenará. Es decir, en ambos casos, la economía saldrá perjudicada, pero es mejor optar por la moderación salarial porque los daños que puede causar la inflación pueden ser mucho más profundos, duraderos y dolorosos.
En segundo lugar, están los alquileres. Si se revisan con la inflación, una parte de las familias perderá poder adquisitivo, aunque otras, las propietarias de los inmuebles, lo mantendrán. El problema fundamental, por este lado, reside en los alquileres de oficinas y locales comerciales. Una revaloración de su importe según el IPC puede poner en problemas a muchas pequeñas y medianas empresas, que son las que más han sufrido las consecuencias de la crisis y las que se encuentran en una situación económica y financiera más precaria. Si a los alquileres se suman las subidas salariales y el incremento de la factura eléctrica, las pymes lo van a pasar muy mal. Eso siempre tiene consecuencias muy negativas sobre el empleo y sobre el conjunto de la economía.
Las últimas rentas a tener en cuenta son las pensiones y demás prestaciones sociales, junto con los sueldos de los empleados públicos. El problema con estos elementos es distinto. Su actualización con la inflación aumenta el gasto público y puede conllevar un crecimiento mayor del déficit presupuestario. La revalorización de las pensiones con el IPC, además, agrava la ya de por sí maltrecha sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
El Gobierno, hasta ahora, ha venido financiado el déficit presupuestario mediante la emisión de deuda pública, gracias a los programas de compra de bonos del Banco Central Europeo. Esos programas, sin embargo, son un factor autónomo de creación de liquidez más allá de las necesidades de la economía. Aquí está el quid de la cuestión. La inflación es, siempre y ante todo, un fenómeno monetario. Combatirla implica acabar con los programas de compra de bonos y empezar a subir los tipos de interés. Los halcones del BCE llevan tiempo demandado esas dos medidas y ahora están ganando fuerza y adeptos. En ese contexto, el Gobierno tendría que empezar necesariamente el ajuste presupuestario, sin haber consolidado la recuperación, porque tendría cada vez más dificultades para conseguir financiación y a tipos de interés razonables. Esa política fiscal restrictiva, sin embargo, supondría un nuevo freno al crecimiento económico, mientras que unos tipos de interés más altos irían en contra de la inversión y limitarían la demanda de crédito.
El retorno de la inflación, por tanto, se produce en un mal momento para la economía española, que, a causa de ello, ahora puede sufrir las consecuencias de no haber llevado a cabo las reformas estructurales pendientes. Si el Gobierno las inicia ya y aplica una política de moderación de rentas, el golpe puede ser mucho más suave.