Reforma del mercado laboral: con pandemia o sin ella
Los datos de empleo conocidos ayer reflejan la imposibilidad de combatir los efectos económicos de una pandemia del siglo XXI con una legislación laboral del siglo XX.
Los datos de empleo conocidos ayer reflejan la imposibilidad de combatir los efectos económicos de una pandemia del siglo XXI con una legislación laboral del siglo XX. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informó de un incremento de 76.216 parados y de una caída de 218.953 trabajadores de media en la afiliación a la Seguridad Social en enero.
Es cierto que el dato intermensual no es muy diferente al registrado en años anteriores; en los dos últimos años el paro aumentó entre 80.000 y 90.000 trabajadores en el mismo mes. El final de la campaña Navideña suele incrementar el desempleo en sectores clave como la hostelería y el comercio al por menor. La serie corregida de variaciones estacionales muestra una caída del desempleo de 17.544 trabajadores.
Pese a ello, no puede decirse que la situación sea equiparable a años anteriores. Las particularidades del mercado de trabajo en enero de 2021 se ponen de manifiesto en dos indicadores: el alto número de desempleados registrados y el número de trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs): 3.964.353 y 738.969. Los dos factores que explican esta anomalía, en comparación con los países de nuestro entorno, Están interconectados: el impacto de la crisis del COVID-19 y las rigidices estructurales de nuestro mercado de trabajo.
En cuanto a la recesión provocada por el COVID-19, los datos muestran un incremento del desempleo entre marzo de 2020 y enero de 2021 de casi medio millón de trabajadores. Los efectos económicos de la pandemia están poniendo de manifiesto la debilidad de las métricas tradicionales del mercado de trabajo. El SEPE contabiliza como parados únicamente a aquellos individuos que van a la oficina de empleo a apuntarse, lo que excluye a trabajadores desmotivados o a aquellos en ERTE. Si añadimos a este grupo al dato publicado ayer, casi 5 millones de españoles se encuentran sin trabajo. El número de trabajadores en ERTE supera a la destrucción de empleo neta registrada desde marzo.
Este dato sugiere, primero, que las empresas siguen percibiendo la crisis como algo temporal y, segundo, que los mecanismos de ajuste tradicionales de nuestro mercado de trabajo son costosos y poco atractivos para las empresas que enfrentan shocks temporales de demanda.
Esta barrera estructural es el segundo de los factores que explican la dinámica de nuestro mercado de trabajo. La enorme dependencia del ciclo económico que exhiben contrataciones y despidos en España es consecuencia de una alta rigidez salarial y del alto coste relativo de ajustar salarios respecto de hacerlo vía reducciones de plantilla. La alta temporalidad, la baja parcialidad y la escasa productividad terminan de explicar el hecho de que la tasa de desempleo media en España sea del 17.3%, frente 9.4% de Italia, el 9.1% de Francia o el 7.8% de Portugal, entre 1980 y la actualidad.
Las políticas públicas deben contribuir a limitar el impacto de estos problemas. La cuestión estacional es consecuencia de nuestra estructura productiva y de los ciclos de consumo a lo largo del año; se trata de una cuestión común en todas las economías y con la que hay que convivir. Pese a ello, a corto plazo, debe tratar de minimizarse el impacto social y de productividad derivado de las continuas entradas y salidas de trabajadores en el mercado de trabajo.
Respecto del impacto coyuntural de la crisis del COVID, aunque a veces no lo parezca, también pasará. La puesta en marcha de políticas públicas coordinadas territorialmente para aliviar los efectos sociales derivados de la recesión y para formar a trabajadores parece cada vez más urgente.
En cuanto a los problemas estructurales, la lucha contra la dualidad, la rigidez salarial, la falta de productividad y la complejidad contractual son buenas áreas en las que comenzar a trabajar para acercar nuestro mercado laboral al siglo XXI. La legislación española ha ignorado de manera recurrente el impacto de la globalización y de la mecanización en el mercado de trabajo. Sorprende que en el centro del debate político en España no aparezca esta disfuncionalidad histórica. Ojalá esta crisis nos deje, como legado positivo, un debate realista y riguroso sobre un problema que lleva décadas abordándose parcial y superficialmente.